Por El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación ha cerrado los resultados del año 2023. En dicho ejercicio los ingresos fiscales de los municipios que encomiendan o delegan la gestión de sus tributos en la institución provincial se cifran en casi 448 millones de euros.
“Los resultados son satisfactorios y acreditan que el Servicio Provincial de Recaudación es un sistema esencial para que los ayuntamientos dispongan de liquidez inmediata”. Así lo valora el vicepresidente quinto y responsable del Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios, Recaudación y Gestión Tributaria, Sebastián Hidalgo.
La cobertura del servicio provincial permite a los ayuntamientos disponer de anticipos con cargo a las estimaciones de recaudación; fondos que Diputación transfiere para que desde dichas haciendas municipales se puedan sostener no sólo sus gastos corrientes sino también sus inversiones reales.
En la actualidad el Servicio Provincial de Recaudación mantiene 69 convenios con diferentes entidades y organismos. En esta relación se incluyen 44 ayuntamientos de la provincia de Cádiz -todos, salvo el de la capital gaditana- que delegan o encomiendan la gestión completa o parcial de sus figuras tributarias.
En suma, son 218 las competencias que Diputación tiene conferidas en la actualidad conforme a los citados convenios. Para el despliegue de estas facultades el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria se ramifica en 47 oficinas.
Recaudación resuelve, además servicios de asistencia técnica, una tarea que requiere personal suficiente y la disposición de bases de datos actualizadas. Al respecto, en 2023 se resolvieron casi 340.000 liquidaciones, autoliquidaciones y recibos por un importe que superó los 83 millones de euros.
En materia de inspección se solventaron más de 10.200 liquidaciones que posibilitaron ingresos cercanos a los 7,5 millones de euros.
Las sanciones de tráfico gestionadas el año pasado repercutieron en más de 22,4 millones de euros, mientras que las sanciones administrativas comportaron casi 850.000 euros para los ayuntamientos.
