Por El Congreso ha empezado a tramitar desde el pasado martes la tercera reforma de la Constitución. El PP y el PSOE, con 258 de los 350 diputados, han llegado a un acuerdo para retirar este martes el término “disminuidos” y sustituirlo por “personas con discapacidad”.
La reforma del artículo 49 de la Carta Magna inicia su trámite parlamentario con un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados. Cumplido el plazo de 48 horas para la presentación de enmiendas, el jueves será previsiblemente aprobada de nuevo en el pleno para ser remitida al Senado para su aprobación definitiva en la semana del 24 de enero.
Aparte de la sustitución del término disminuido por la expresión “personas con discapacidad”, la reforma incluirá la obligación de los poderes públicos de “realizar las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social” del colectivo, así como una especial atención para los menores y las mujeres con discapacidad.
El calendario exprés de esta tramitación se debe al respaldo de PSOE y PP, quienes consensuaron hacerlo por la vía de urgencia. Es decir, por lectura única y sin pasar por las fases de ponencia y comisión, lo que, en la práctica, reduce los plazos a la mitad.
Una modificación de la Constitución de este tipo exige un respaldo mínimo de las tres quintas partes de cada cámara (210 diputados y 159 senadores). El apoyo de socialistas y populares es, por tanto, suficiente. Pero tal y como han venido desgranando en las últimas semanas, la práctica totalidad de las formaciones con representación parlamentaria se han unido, a excepción de Vox.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que ese consenso es una excepción: “El debate de hoy será una rareza en esta legislatura”.
Habrá enmiendas, pero no se espera que ninguna sea aceptada, ya que el PP y el PSOE pactaron que solo se aceptarían de común acuerdo y que, en cualquier caso, la reforma se ceñiría al artículo 49.
Los socialistas, además, han garantizado a los populares que sus socios de Sumar no apoyarán la realización de un referéndum constitucional para ratificar la reforma, que se podría convocar con la firma de 35 diputados.
