Por La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha aceptado incorporar en la nueva programación académica a implantar en los próximos cuatro años un total de 184 nuevas titulaciones procedentes del conjunto del sistema público universitario, lo que representa el 94,3% de las 195 solicitudes presentadas finalmente.
El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, dio a conocer estos datos en una rueda de prensa celebrada en Córdoba después de la reunión mantenida con los diez rectores de las universidades públicas, donde avanzó que el 79% de estas enseñanzas se implantarán en los cursos 2025/2026 y 2026/2027.
El nuevo documento con la última selección de grados, másteres y doctorados se someterá a valoración del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) el próximo 2 de abril y posteriormente pasará por Consejo de Gobierno para su visto bueno definitivo en el mes de mayo.
En su intervención, Gómez Villamandos ha apostillado que «el resultado de todas las nuevas enseñanzas que nuestras universidades impartirán en los próximos años ha sido fruto de un diálogo constante en el que todos hemos sido flexibles, con el fin de dibujar un mapa de titulaciones que trasciende los intereses localistas para desarrollar en Andalucía un sistema universitario único y común».
De los 184 títulos respaldados, 37 se corresponden con nuevos grados, por lo que reciben luz verde un 82,2% de este tipo de enseñanzas planteadas inicialmente, y 125 son nuevos másteres (un 97,6% de los solicitados), mientras que se ha admitido el 100% de los doctorados propuestos; es decir, un total de 22. Todas estas formaciones académicas se reparten casi al 50% entre las ramas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y de Ciencias Sociales.
Tras la ratificación del documento por parte del Consejo de Gobierno, la Consejería de Universidad será la encargada de autorizar los correspondientes procesos de verificación de todos los títulos. Para ello tendrá que constatar previamente el cumplimiento de otra serie de exigencias reguladas por ley y recogidas en el decreto de ordenación de enseñanzas. Se trata de criterios relacionados con la suficiencia de recursos disponibles para la implantación de las correspondientes titulaciones.
