Por El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado, en el Consejo Asesor de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), el inicio de la tramitación de la Ley Andalucía Digital (LADI) con la apertura del periodo de 30 días para consultas públicas previas a la elaboración del anteproyecto.
La nueva ley tiene como finalidad impulsar la economía digital, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y empoderar a los ciudadanos al proporcionar un marco legal claro para la innovación tecnológica y la seguridad digital. Entre las novedades, el texto recoge «la creación de una red de asistencia formada por instituciones o entidades para la realización de trámites digitales, siendo la primera administración de España en tenerla», ha explicado el consejero, que también ha añadido que se pondrá en marcha un sistema de videollamada a través del teléfono 012 para asesoramiento digital.
Antonio Sanz ha destacado que desde el gobierno son conscientes de que a pesar de que tienen un plan de capacitación digital dotado con 184 millones de euros, con acciones específicas para todos los perfiles socioeconómicos de Andalucía, y de los 22,5 millones que se han invertido para la transformación de los Puntos Vuela en los municipios rurales de Andalucía, son conscientes de que habrá personas que, aun así, tengan dificultades para el uso de herramientas tecnológicas. Por ello se pondrá en marcha esta red de asistencia para que la digitalización no deje a nadie atrás.
Los tres objetivos fundamentales que pretende la ley son los de facilitar la digitalización plena de la sociedad andaluza en todos sus ámbitos, el sector empresarial andaluz y la Administración andaluza, consiguiendo la transformación digital de todos los sectores productivos de nuestra tierra y potenciando el sector digital como motor económico de Andalucía; en segundo lugar, detectar y eliminar las barreras e impedimentos administrativos que el actual ordenamiento jurídico presenta en todos los ámbitos y sectores; y, por último, paliar las posibles carencias que puedan tener las normativas básicas en cualquier ámbito desde el punto de vista de la transformación digital.
