Por Comienza el juicio de la pieza separada de la macrocausa de las ayudas autonómicas para los ERE, correspondiente a los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a su exchófer Juan Francisco Trujillo.
En el banquillo de los acusados se han sentado Juan Francisco Trujillo; para quien la Fiscalía reclama 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros; Isidoro Ruz Espigares, para el que el fiscal solicita seis años y tres meses de cárcel, como administrador de una de las empresas relacionadas con el primero; y el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, este último ya condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco) y para quien el Ministerio Público reclama seis años de prisión. También figura como acusada aunque sólo a título lucrativo la esposa de Trujillo, Juana Gallego.
Según la Fiscalía, Trujillo, personal de la Junta de Andalucía asignado como conductor a Francisco Javier Guerrero, este último condenado por el procedimiento específico de financiación de los ERE fraudulentos y fallecido en 2020; acordó con este la constitución de sociedades mercantiles «para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión», siendo estas empresas Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, que recibieron 900.000 euros de fondos públicos.
Al comenzar el juicio, en la fase de cuestiones previas, la acusación popular que ejerce el PP de Andalucía ha anunciado su decisión de retirar la acusación por un presunto delito de asociación ilícita, tras lo cual Juan Francisco Trujillo ha solicitado renunciar a su actual abogado defensor y que le fuese designado otro de oficio.
