Por 
- Almudena Martínez garantiza a personal y sindicatos el «blindaje público de las residencias de mayores»
El Gobierno de Diputación ha iniciado el proceso informativo dedicado a explicar el proyecto para mejorar el rendimiento y alcance social de las políticas de servicios sociales. Los primeros destinatarios de esta ronda que ahora comienza –y que tendrá continuidad en próximos encuentros y en mesas negociadoras- han sido las centrales sindicales de UGT, Comisiones Obreras y CSIF, así como personal adscrito al Área de Servicios Sociales, Familias Sociales e Igualdad, quienes han sido informados en el curso de dos reuniones presididas por la titular de Diputación, Almudena Martínez.
El ejecutivo provincial contempla la constitución de un organismo autónomo que aglutine la gestión de las políticas sociales. Esta entidad “supone un blindaje público para los trabajadores y trabajadoras del Área, y garantiza una gestión pública directa de todos los servicios sociales”, ha defendido Almudena Martínez. Esta revisión que propone el Gobierno de Diputación está motivada por la “situación insostenible a largo plazo” del actual modelo, “arrastrada de años anteriores y con la que nos hemos encontrado” y que se evidencia especialmente en la administración de las residencias de personas mayores (sitas en Cádiz y en El Puerto de Santa María a las que se añadirá la próxima de La Línea).
La diputada provincial responsable del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, ha explicado que “hablamos de un Área muy sensible que mantiene una atención directa a personas vulnerables”. Esa asistencia “requiere respuestas ágiles e inmediatas” en materia de contrataciones de personal, sustituciones, rotaciones, además de provisiones de suministros y licitaciones de obras y servicios. Unos procesos que no se resuelven con la celeridad deseada, según se ha explicado en las reuniones, consecuencia de “plantillas mermadas” en las que el ritmo de las jubilaciones avanza a mayor velocidad que las incorporaciones y de la sobrecarga de trabajo en áreas de la administración provincial. A ese primer argumento se le une otro adicional: un modelo económicamente insostenible al ponderar el presupuesto empleado y el número de personas atendidas (un centenar de residentes en la actualidad). El dato resultante compromete el cumplimiento de dos principios constitucionales: el de buena gestión financiera y el de aplicación económica y eficiente de los recursos públicos.
El director del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Javier Rodríguez Para, ha detallado las razones técnicas que justifican el cambio de modelo. La privatización no es una opción, y así lo sostiene el Gobierno de Diputación; pero tampoco es una alternativa no intervenir con un nuevo planteamiento como el del organismo autónomo. “Si no hacemos nada alguna entidad superior puede imponer una decisión drástica”, ha explicado Rodríguez Para. En este inicio del proceso informativo se esboza un organismo autónomo con una estructura de personal formada por tres grupos:
· Personal del Área, que se integraría en el organismo en las mismas condiciones laborales y retributivas, conforme a las características reconocidas en la Relación de Puestos de Trabajo de Diputación.
· Personal propio del organismo autónomo.- Contratado para solucionar necesidades de plantilla. Se rige por un convenio propio que será similar al de Diputación, equiparado a empleado público de la institución provincial, y que será negociado con los sindicatos.
· Personal de residencias de mayores.- La especialidad de estas funciones –con un régimen de 24 horas los siete días de la semana y con necesidades como el establecimiento de turnos- requerirán una regulación propia adaptada a su actividad, que garantice su viabilidad a largo plazo y su pervivencia como servicio público. Se plantea su incorporación como laborales fijos, tras un proceso selectivo, ligados a un convenio sectorial con mejoras adoptadas por Diputación.
Este planteamiento comprende además un proceso negociador de reubicación voluntaria en otros centros de Diputación para el personal del Área adscrito a las residencias.
La implantación de este modelo ayudaría a la sostenibilidad del servicio y a tender a la excelencia, según ha manifestado la presidenta de Diputación. La finalidad del mismo se basa en garantizar la gestión pública y directa de todos los servicios sociales de la Diputación (entre los que se incluyen las tres residencias de personas mayores); la eficiencia y viabilidad económica de estos servicios; la protección de los derechos laborales; la agilidad en la prestación del servicio a las personas destinatarias y la reinversión económica en más políticas sociales en los municipios de la provincia.
A medio o largo plazo se obtendría un ahorro con el que se “podrá reinvertir, por ejemplo, en la ampliación de plazas en estas mismas residencias o bien dar cobertura a necesidades de servicios sociales o a demandas de ayuntamientos que requieren nuestra ayuda en sus centros asistenciales públicos. No podemos olvidar que nuestra prioridad son las personas y su bienestar”, destacaba Almudena Martínez.
En esta primera sesión informativa también han participado los vicepresidentes primero y tercero de la institución provincial, Juancho Ortiz y Jacinto Muñoz respectivamente, además de las direcciones y personal técnico de las Áreas de Presidencia, Función Pública y Recursos Humanos, y Servicios Sociales, Familias e Igualdad.
