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El Grupo Municipal Socialista de Jerez ha presentado un recurso contencioso administrativo especial de protección de los derechos fundamentales de la persona contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento por el que se aprobó la modificación de crédito del presupuesto para el “pago de sobresueldos, gratificaciones y productividades».

Según el portavoz socialista, José Antonio Díaz, los hechos que motivan el contencioso presentado el pasado 2 de enero, tiene su origen en «la falta de informe preceptivo de la Secretaria del Pleno a petición de un tercio de los concejales y en la negativa de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo”.

Según los socialistas, el expediente administrativo no contiene ningún informe ni de Intervención ni de secretario general del Pleno que concluya sobre la adecuación a la ley de la modificación del Presupuesto General, existiendo, justo lo contrario, «un informe del Interventor que califica la propuesta de discutible».

Por tanto, la denegación de la alcaldesa de la emisión del informe jurídico solicitado por los concejales del PSOE en ejercicio de su facultad legal «ha supuesto una vulneración de sus derechos como concejales para poder representar de manera adecuada a la ciudadanía y poder velar por los intereses del Ayuntamiento, lo que determina que se haya producido la lesión de los derechos de participación política configurado en el art. 23 de la Constitución».

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